Justicia y ley
La reclasificación federal de la marihuana medicinal deja a los estados ante una nueva incertidumbre
La decisión federal de reclasificar la marihuana medicinal a la Lista III ofrece beneficios fiscales y oportunidades de investigación para las empresas de cannabis, pero los estados se enfrentan a la incertidumbre regulatoria, ya que las políticas federales y estatales siguen divididas antes de las próximas audiencias de la Drug Enforcement Administration.
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Por Amanda Watford | Stateline
La reciente decisión del Departamento de Justicia de EE. UU. de rebajar la clasificación de drogas para el cannabis medicinal ayudará a las empresas de marihuana medicinal. Las compañías podrán reclamar algunos beneficios fiscales federales. Se podrán iniciar nuevas investigaciones en las universidades estatales.
Pero la división más amplia entre la política federal y estatal sobre la marihuana permanece en gran medida intacta, dejando que los estados naveguen por un panorama del cannabis fragmentado y aún en evolución, con pocas respuestas claras sobre lo que viene después.
El cambio sin precedentes en abril que reclasificó la marihuana medicinal de la Lista I a la Lista III significa que el gobierno federal está reconociendo un uso médico aceptado para el cannabis. La marihuana recreativa, sin embargo, sigue siendo una droga de la Lista I bajo la política federal, a pesar de que 24 estados y el Distrito de Columbia permiten el cannabis recreativo en diversas formas, desde flor seca hasta aceites para vapear y gomitas procesadas.
La Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) tiene previsto celebrar su primera audiencia a finales de junio sobre la posible eliminación de la marihuana de las listas de forma general, lo que incluiría el cannabis recreativo o para uso de adultos.
Hasta entonces, algunos expertos dicen que se espera que cambie poco para más de la mitad de los estados con programas de marihuana medicinal o recreativa.
“Este cambio es una especie de actualización respecto a lo que los estados ya están haciendo”, dijo Katharine Neill Harris, investigadora de políticas de drogas en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. “De alguna manera, el gobierno federal está siguiendo a los estados en este tema”.
Los estados han pasado años construyendo marcos regulatorios para programas de marihuana medicinal y recreativa, incluidos sistemas de licencias, estructuras impositivas, requisitos de pruebas y supervisión minorista.
Tras el anuncio de la DEA en abril de que reclasificaría el cannabis medicinal, algunas comisiones estatales reconocieron la decisión, pero enfatizaron que sus leyes no han cambiado y que están esperando más orientación federal.
En Nevada, por ejemplo, los funcionarios estatales de cannabis publicaron un comunicado señalando que el cambio de reclasificación permite a los titulares de licencias de cannabis medicinal registrarse en la DEA, al tiempo que enfatizan que la ley de Nevada todavía clasifica la marihuana no medicinal como una sustancia de la Lista I.
A mediados de mayo, el Departamento de Control del Cannabis de California propuso regulaciones de emergencia que permitirían a las empresas que poseen licencias tanto para marihuana medicinal como recreativa obtener licencias por separado. El cambio podría posicionar a las empresas de cannabis para aprovechar los beneficios potenciales vinculados a la reclasificación de la marihuana medicinal.
Se espera que muchas de las funciones cotidianas de los programas estatales de cannabis permanezcan intactas, según los expertos.
“En este momento, nada tendría que cambiar para los estados porque no sabemos cómo serán las regulaciones federales para la gestión del cannabis medicinal”, dijo Heather Trela, directora de operaciones e investigadora del Instituto Rockefeller de Gobierno, un centro de estudios de políticas públicas no partidista.
“Todo el mundo está tratando de entenderlo en este momento, y no tenemos todos los detalles, por lo que es difícil para los estados”, dijo.
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Los reguladores y funcionarios estatales de cannabis en varios estados, incluidos Oklahoma, Vermont y Washington, dijeron a Stateline que están esperando orientación de la DEA y otras agencias federales antes de determinar si se requerirá que las empresas se registren en la DEA, califiquen para alivio fiscal federal o enfrenten nuevos requisitos de cumplimiento, y si los estados pueden necesitar revisar sus propias leyes de cannabis.
“Ninguno de nosotros puede asesorar eficazmente a nuestros titulares de licencias, lo cual es increíblemente frustrante, especialmente con el tiempo corriendo en contra”, dijo James Pepper, presidente de la Junta de Control de Cannabis de Vermont, que regula el mercado medicinal y para uso de adultos del estado.
En los próximos meses, otras agencias federales podrían emitir directrices sobre cómo la reclasificación afectará las normas vigentes, según expertos en políticas. El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo en diciembre que los estándares para las pruebas de detección de drogas y las licencias no cambiarán, y las normas de la TSA siguen prohibiendo llevar marihuana en los vuelos. Las directrices financieras del IRS y del Departamento del Tesoro también siguen pendientes.
Reclasificación de la marihuana por la DEA: ‘Gravada como una empresa normal’
Pero algunos expertos en políticas de marihuana y líderes de la industria dicen que el cambio federal podría traer transformaciones importantes en las operaciones comerciales del cannabis y la investigación científica.
A las empresas de cannabis se les ha impedido durante mucho tiempo aplicar ciertas deducciones fiscales federales porque la marihuana estaba clasificada como una sustancia de la Lista I. Algunos líderes de la industria dicen que pasar el cannabis medicinal a la Lista III podría aliviar algunas de esas restricciones.
“En adelante, podemos ser tratados y gravados como una empresa normal, lo que en última instancia ayuda a los resultados finales y nos permite reinvertir de manera más significativa en los estados donde operamos”, dijo Lauren Niehaus, directora ejecutiva de relaciones gubernamentales de Trulieve Cannabis Corp., una de las mayores empresas de cannabis del país. Trulieve, con sede en Florida, opera dispensarios en ocho estados.
Aquí hay muchos avances positivos, pero en realidad, más que nada, mucha más confusión.
– Ryan Hunter, director de ingresos de Spherex Labs, Colorado
El cambio en la política fiscal es un tema central para los operadores de cannabis en general, desde las pequeñas empresas hasta las grandes compañías multiestatales, dijo Niehaus.
Ryan Hunter, director de ingresos de Spherex Labs, dijo que los cambios en la reclasificación podrían modificar la actitud de los inversores y prestamistas hacia la industria del cannabis, haciendo que algunos socios de capital estén más dispuestos a invertir.
Pero Hunter dijo que el último cambio federal también crea una nueva incertidumbre para las empresas que operan tanto en el mercado medicinal como en el recreativo, incluida Spherex Labs, que opera en Colorado.
“Nuestro negocio sigue estando en modo de espera para ver qué pasa”, dijo Hunter. “Aquí hay muchos avances positivos, pero en realidad, más que nada, mucha más confusión”.
El gobierno federal ha creado, en la práctica, diferentes marcos legales para la misma sustancia, añadió. El cannabis medicinal ahora está reconocido a nivel federal, mientras que la marihuana recreativa y sus consumidores siguen en conflicto con la ley federal.
Leyes estatales sobre la marihuana medicinal y registro federal
El cambio de reclasificación también conlleva requisitos de registro federal en virtud de la Ley de Sustancias Controladas, una ley que exigiría a las empresas de cannabis medicinal registrarse ante la DEA, pagar tarifas anuales y cumplir con normas detalladas de presentación de informes, inventario y seguridad que pueden superponerse o entrar en conflicto con los sistemas estatales existentes.
Spherex Labs ha optado por no registrarse en este momento, dijo Hunter, prefiriendo esperar más directrices federales.
A principios de este mes, la Oficina de Narcóticos y Control de Drogas Peligrosas de Oklahoma envió una carta a las empresas de cannabis medicinal con licencia instándolas a registrarse ante la DEA y advirtiendo sobre posibles sanciones, incluida la revocación de sus licencias estatales, por no cumplir con los requisitos federales.
Pero la Autoridad de Marihuana Medicinal de Oklahoma, que supervisa la concesión de licencias y la regulación del cannabis en el estado, dijo a Stateline que la carta fue una sorpresa y que sigue sin estar claro si los funcionarios federales realmente tienen la intención de exigir el registro ante la DEA para los operadores medicinales.
Otros estados podrían adoptar requisitos de registro federal similares, según Trela, del Rockefeller Institute of Government.
Investigación sobre el cannabis y oportunidades
Algunos investigadores y expertos dicen que reclasificar la marihuana podría reducir las barreras de larga data para estudiar su uso médico, su seguridad y sus efectos a largo plazo sobre la salud.
La investigación actual sobre los efectos de la marihuana se queda corta con respecto a lo que se necesita para comprender plenamente el cannabis como tratamiento médico, según Chad Johnson, profesor asistente de ciencias farmacéuticas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Maryland. Johnson también es el director del programa de estudios de posgrado sobre cannabis medicinal de la universidad.
“Realmente necesitamos esos ensayos aleatorizados para poder afirmar que el cannabis es eficaz para tratar una afección en particular”, dijo Johnson.
Todavía existen grandes lagunas en la investigación sobre el cannabis, dijo, incluyendo cómo se formula y se administra, por ejemplo, si otros métodos más allá de fumar, vapear o los comestibles pueden ser más eficaces, y cómo determinar la dosis adecuada para afecciones médicas específicas.
Johnson añadió que la reclasificación podría permitir a las instituciones académicas estudiar productos que ya se venden en sus respectivos estados, haciendo que la investigación esté más estrechamente alineada con lo que los consumidores realmente usan, en lugar de depender del cannabis obtenido a través de proveedores autorizados a nivel federal.
Algunos expertos en salud pública y adicciones dicen que el cambio federal no debe interpretarse como una señal de que el cannabis está libre de riesgos, señalando las preocupaciones constantes sobre los trastornos por consumo de cannabis, la dependencia y los efectos en la salud mental.
“Va a reducir la percepción del público sobre el riesgo del cannabis y, en este momento, no creo que el público sea consciente de la alta potencia que tiene el cannabis”, dijo la Dra. Alta DeRoo, directora médica de la Hazelden Betty Ford Foundation, uno de los mayores proveedores sin fines de lucro de tratamientos para la adicción y la salud mental. DeRoo también es médica certificada en medicina de las adicciones y ginecobstetra.
Algunos opositores al cambio también argumentan que está impulsado tanto por la presión política y económica de la industria del cannabis como por la evolución de la ciencia.
“El problema no es la investigación. El problema es el dinero, las exenciones fiscales para una industria, y de eso se trata realmente todo el esfuerzo por relajar las leyes sobre la marihuana”, dijo Kevin Sabet, exasesor de políticas de drogas de tres administraciones presidenciales y presidente y director ejecutivo de Smart Approaches to Marijuana, una organización sin fines de lucro que se opone a la legalización de la marihuana.
Qué sigue para la política sobre el cannabis
Los nuevos cambios federales también podrían enfrentar impugnaciones judiciales o ser revertidos por una futura administración, según algunos expertos en políticas sobre el cannabis.
La semana pasada, los fiscales generales de Indiana, Luisiana y Nebraska presentaron una petición de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia, argumentando que la orden de reclasificación del Departamento de Justicia viola la ley administrativa federal. Luisiana y Nebraska tienen programas de cannabis exclusivamente medicinal, mientras que Indiana no tiene ningún programa de cannabis en absoluto.
Smart Approaches to Marijuana y la National Drug and Alcohol Screening Association presentaron una demanda similar a principios de este mes, argumentando que la administración excedió su autoridad bajo la Ley de Sustancias Controladas.
Al mismo tiempo, el último documento de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca también planteó preocupaciones sobre la marihuana de alta potencia y advirtió que los cárteles internacionales y los grupos del crimen organizado continúan explotando las leyes estatales de legalización del cannabis.
Además de las implicaciones para la justicia penal, las restricciones federales han limitado el acceso de las empresas de cannabis a la banca, la inversión y la planificación a largo plazo, incluso cuando los mercados estatales se han expandido hasta convertirse en una industria multimillonaria.
Los bancos han evitado en gran medida trabajar con empresas de cannabis porque la marihuana sigue siendo ampliamente ilegal según la ley federal, lo que expone a las instituciones financieras a posibles sanciones regulatorias y riesgos de cumplimiento, incluso en los estados donde el cannabis es legal.
Se han presentado varios proyectos de ley en el Congreso que brindarían protecciones a los bancos que ofrecen servicios a las empresas de cannabis, pero no se ha aprobado ninguna legislación.
Se puede contactar a la reportera de Stateline, Amanda Watford, en awatford@stateline.org.
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Publicado originalmente por Stateline (Florida). Autora: Amanda Watford. Lea la historia original.
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