Arlington
Juez federal permite que la orden ejecutiva de Trump sobre límites al voto por correo se mantenga por ahora
Un juez federal se negó el jueves a bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo, al considerar que era demasiado pronto para impugnar la directiva. La decisión del juez del Tribunal de Distrito de D.C. Carl Nichols, designado por Trump, representa un…
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Por Jonathan Shorman | Stateline
Un juez federal se negó el jueves a bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo, al considerar que era demasiado pronto para impugnar la directiva.
La decisión del juez del Tribunal de Distrito de D.C. Carl Nichols, designado por Trump, representa un revés para los grupos demócratas, legisladores y otras organizaciones, incluida la NAACP, que han demandado para frenar la orden antes de las elecciones intermedias de noviembre. La orden del 31 de marzo enfrenta al menos cinco demandas.
La orden ejecutiva instruye al director general de correos, quien dirige el Servicio Postal, a proponer una norma que impediría a los estados enviar boletas por correo, excepto a los votantes incluidos en listas proporcionadas por el estado al Servicio Postal. Según la orden, la propuesta de norma debe presentarse esta semana.
La orden también instruye al Departamento de Seguridad Nacional a recopilar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada estado, con la ayuda de la Administración del Seguro Social. Los demócratas alegan que la administración de Trump está creando una lista nacional de votantes no autorizada, a pesar de que la Constitución de los EE. UU. otorga a los estados la responsabilidad de administrar las elecciones federales.
El Departamento de Justicia había informado al juez que el gobierno federal aún no había implementado la directiva. La opinión del juez, publicada poco después de la medianoche en Washington, D.C., deja claro que podría llegar a una decisión diferente si la administración de Trump sigue adelante con la aplicación de la orden.
“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría finalmente emitir una norma definitiva que afecte directamente a los Demandantes o a sus miembros, o que el Gobierno desarrolle Listas Estatales de Ciudadanía que omitan a individuos específicos debido a fallas particulares”, escribió Nichols en una opinión de 26 páginas.
“Los Demandantes pueden, por supuesto, renovar sus mociones si y cuando ocurran esas acciones futuras”, escribió. “Hasta entonces, sin embargo, los Demandantes no pueden demostrar que se justifique una medida cautelar preliminar”.
Fallo de juez federal sobre votación por correo afecta el panorama de las elecciones intermedias
La decisión de Nichols es el primer fallo en lo que probablemente será una prolongada batalla legal que podría llegar eventualmente a la Corte Suprema de los EE. UU. La opinión del jueves se centró únicamente en si la orden ejecutiva debía bloquearse de inmediato; la demanda de fondo para decidir si la directiva es inconstitucional e ilegal continuará.
El hecho de que Trump pueda implementar con éxito la orden tiene importantes consecuencias para las elecciones intermedias. Si la Casa Blanca logra impedir que el Servicio Postal envíe o reciba boletas por correo de votantes que no figuren en las listas proporcionadas por los estados, podría alterar drásticamente las elecciones en los estados donde el voto por correo es la norma y trastocar los procedimientos en otros.
Aproximadamente el 30% de los votantes emitieron su voto por correo en 2024, según datos recopilados por la Comisión de Asistencia Electoral de los EE. UU.
Trump ha presentado la orden como una medida necesaria para combatir el voto de no ciudadanos, aunque esto es sumamente inusual. La directiva marca el intento más reciente de la Casa Blanca de afirmar su autoridad sobre las elecciones mientras la Ley SAVE America, que exigiría a los votantes mostrar documentos que acrediten su ciudadanía, se encuentra estancada en el Senado de los EE. UU.
Los demócratas y los defensores de los derechos de los votantes argumentan que la orden ejecutiva es inconstitucional. Según la Constitución de los EE. UU., los estados administran las elecciones y el Congreso tiene la facultad de aprobar regulaciones sobre ellas, pero el presidente no tiene autoridad para actuar de manera unilateral.
El Servicio Postal en la mira
La batalla por la orden ejecutiva también conlleva repercusiones para el futuro del Servicio Postal. Si bien el presidente solía nombrar al director general de correos, desde 1970 el Servicio Postal ha operado como una corporación independiente, un cambio destinado a proteger la entrega de correspondencia de la política.
Regla del Servicio Postal sobre boletas por correo genera escrutinio
Expertos en derecho postal afirman que si Trump logra hacer cumplir una orden contra el director general de correos, quien ahora es designado por una Junta de Gobernadores del Servicio Postal, se destruirá la independencia de la agencia.
“El fallo de hoy es una victoria decisiva para el estado de derecho y asesta un golpe contra la estrategia demócrata de demandar primero y buscar argumentos legales después. La administración Trump continuará luchando por la seguridad y la certeza de las elecciones estadounidenses”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.
Los grupos demócratas que demandaron por la orden, incluido el Comité Nacional Demócrata, expresaron en una declaración conjunta su confianza en que eventualmente prevalecerán. Dijeron que la decisión no cambia el principio de que el poder ejecutivo no puede infringir los derechos de voto de los estadounidenses.
Los grupos demócratas que demandaron por la orden, incluido el Comité Nacional Demócrata, expresaron en una declaración conjunta su confianza en que eventualmente prevalecerán. Dijeron que la decisión no cambia el principio de que el poder ejecutivo no puede infringir los derechos de voto de los estadounidenses.
El líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y uno de los demandantes, calificó en un comunicado la votación por correo como segura y confiable. Enfatizó que los presidentes no pueden reescribir la ley electoral “por decreto”.
“La estrategia de Trump es simple: si no puede ganarse a los votantes, los silenciará —y ahora un juez MAGA se lo está permitiendo—”, dijo Schumer.
Un grupo de fiscales generales estatales republicanos también ha intervenido en el caso para defender la orden. Argumentan que Trump tiene autoridad para recopilar y organizar información dentro del poder ejecutivo. Dicen que Trump puede ordenar al Servicio Postal que proponga normas.
La fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, quien lidera el esfuerzo legal republicano, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión de Nichols.
Los opositores miran hacia Massachusetts
Con la decisión de Nichols, un juez federal en Massachusetts ofrece a los opositores su próxima oportunidad para frenar rápidamente la directiva.
La jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts Indira Talwani, designada por el presidente Barack Obama, celebrará una audiencia el martes en un desafío legal presentado por fiscales generales estatales demócratas, encabezados por California, junto con la League of Women Voters y otros grupos cívicos.
Algunos analistas legales anticipan que los estados podrían tener más facilidad para impugnar la orden debido a que sus requisitos, como exigir a los estados que presenten listas de votantes para enviar papeletas por correo, les afectan directamente. David Becker, director del Center for Election Innovation & Research, de carácter no partidista, escribió en las redes sociales que los estados tienen “reclamos de legitimación procesal mucho más sólidos” de cara a la audiencia.
Después de que las agencias federales comiencen a actuar conforme a la orden, el desafío en Massachusetts “será el caso a seguir”, escribió.
‘Cantidad máxima de confusión’
En una audiencia a mediados de mayo ante Nichols, los abogados del Comité Nacional Demócrata, los líderes demócratas Schumer y el representante Hakeem Jeffries de Nueva York, y otros grupos de interés habían argumentado que, a menos de seis meses de las elecciones de mitad de mandato, no había tiempo para ver cómo la administración Trump ejecuta la orden.
La propuesta provocaría una “máxima confusión” y sería una “pesadilla para los funcionarios electorales”, dijo a Nichols Danielle Lang, quien argumentó en nombre de la League of United Latin American Citizens. “Esperar solo erosionará la confianza pública en las elecciones”.
En ese momento, Nichols advirtió a los abogados del Departamento de Justicia que le notificaran sobre “cualquier cosa que siquiera se acerque a un cambio material” en la implementación de la orden.
El abogado litigante sénior del Departamento de Justicia Stephen Pezzi dijo a Nichols que los demandantes tienen derecho a “prepararse para los temores más oscuros”, pero, argumentó, no pueden obtener una medida cautelar preliminar basada en especulaciones sobre listas de ciudadanía propensas a errores y una norma postal aún no creada.
Al final, Nichols estuvo de acuerdo.
“En cualquier caso, dado que la Orden Ejecutiva no ordena a los Demandantes hacer nada, y que ninguna agencia ha actuado todavía de conformidad con la Orden de una manera que pudiera perjudicar a los Demandantes”, escribió Nichols, “no han sufrido ningún perjuicio en la actualidad, y mucho menos un daño que sea ‘cierto’, ‘grave’ e inminente”.
Originally published by Stateline — All Desks. Author: Jonathan Shorman. Read the original story.
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